El Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid ha organizado, junto a la plataforma Carta contra el Hambre, la “Jornada técnica sobre el derecho a la alimentación” donde se ha debatido sobre la seguridad alimentaria.
Esta Jornada ha tenido como objetivo discutir sobre el 'derecho a la alimentación', que en ocasiones es vulnerado por diferentes cuestiones. Para ello se ha contado con la participación de diferentes expertos en el área, a los que ha dado la bienvenida la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena.
Hasta el Ayuntamiento de Madrid han acudido técnicos de los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Sevilla, Zaragoza, Valencia, así como de Madrid, para contar su experiencia en cuanto a la defensa del derecho a una alimentación sana y suficiente.
Durante toda la jornada la idea más repetida ha sido que el ‘derecho a la alimentación’ es un derecho humano que se relaciona directamente con la dignidad y el derecho a la vida, y por lo tanto debe ser garantizado por el Estado mediante los mecanismos necesarios.
En relación a esto, Jesús Domínguez, coordinador del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, ha declarado que las necesidades básicas -como la alimentación- son una responsabilidad pública.
Diferentes asuntos han sido puestos sobre la mesa a debate, como cuál es o debe ser el papel de los bancos de alimentos u otras organizaciones religiosas o de entidad privada en la lucha contra el hambre. O la posibilidad de transferir dinero en vez de alimentos a las personas que padecen inseguridad alimentaria, un mecanismo que se lleva a cabo en diferentes municipios y que la mayoría de expertos han estado de acuerdo en considerar como una estrategia útil, aunque cuente con sus detractores. La condicionalidad de estas transferencias monetarias ha sido el debate siguiente, concluyendo que dependerá de la situación y del contexto, pero que la condicionalidad puede llegar a ser una contraprestación.
Una de las mayores trabas para respetar el derecho a la alimentación de determinadas personas es la ardua burocracia que impide que la insolvencia alimentaria sea resuelta en el momento. Ciudades como Vitoria, Valencia o Zaragoza trabajan para mejorar esta situación y han presentado las iniciativas que están poniendo en marcha para atender las necesidades de la ciudadanía con la mayor urgencia posible.
Por la tarde se han formado tres grupos de trabajo especializados para tratar un tema cada uno. Los contenidos fueron la “Participación ciudadana para afrontar la insolvencia alimentaria” dirigido por Eloy Gregorio Cuellar Martín, coordinador del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones; “Políticas y acciones para abordar la insolvencia alimentaria en las ciudades”, dirigido por Juan Manuel Camacho Grande, consejero técnico del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; y “Un proyecto alternativo para Madrid”, dirigido por Gabriel Lozano de Carta contra el Hambre.
Jornadas como éstas incentivan que el derecho a la alimentación se sitúe como una prioridad en la agenda política.