Hace unos días, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentaron el informe Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe.
Este trabajo señala que, debido a la pandemia del COVID-19, en América Latina y el Caribe la pobreza extrema podría alcanzar a 83,4 millones de personas en este año, afectando más a la población rural. Esto supondría un aumento del hambre como consecuencia de la dificultad que van a encontrar estas personas para acceder a alimentos. Si no se implementan medidas urgentes se produciría un retroceso en todos los avances que ha habido para reducir el hambre y la pobreza en la región.
Los efectos del COVID-19 ya son visibles. Según el Índice de precios al consumidor, los precios internos de los alimentos están aumentando más que otros productos de la cesta básica; esto implica que muchas personas no puedan acceder a comprar alimentos adecuados y estén optando por consumir alimentos más baratos y de menor calidad nutricional.
Las dos organizaciones proponen implementar durante seis meses el Bono contra el hambre como transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos para la población en riesgo. Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se destina solo a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema, que es lo que recomiendan la CEPAL y la FAO; en este segundo caso, tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares.
Además de este bono, en el informe se propone un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a una alimentación adecuada, para que las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas y para que los países sean capaces de asegurar el funcionamiento de la cadena de suministro y garantizar los alimentos a precios razonables. Esto supone ofrecer subsidios a la agricultura familiar y a las empresas familiares para facilitar la cadena de distribución (créditos blandos y bonos de inversión productiva no reembolsables).
Las medidas del decálogo son:
- Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
- Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
- Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.
- Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas.
- Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
- Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales.
- Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.
- Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
- Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.
En la presentación del informe se aseguró que se debe revertir la desprotección de los agricultores y aumentar la resiliencia. La Agenda 2030 es la base para conseguir estas dos premisas. Recordaron que la sostenibilidad ambiental es la única forma de asegurar la alimentación en el futuro.