El segundo capítulo del Global Food Policy Report 2020 está dedicado a la pequeña agricultura: “Pequeños agricultores y personas rurales. Hacer que las cadenas de valor del sistema alimentario sean inclusivas”.
La reducción de la pobreza y la erradicación del hambre dependen del progreso en las zonas rurales, donde vive la mayoría de las personas pobres que sufren hambre en el mundo. La transformación del sistema agroalimentario es, por lo tanto, fundamental para una mayor inclusión de los pequeños agricultores y otras personas rurales. Este capítulo describe una gama de estrategias de políticas para aprovechar este enorme potencial sin explotar.
Los pequeños agricultores juegan un papel importante en el sistema alimentario. Según un estudio reciente de la FAO, producen aproximadamente el 36% del valor del suministro mundial de alimentos agrícolas. En China e India, las proporciones son significativamente más altas, con 80 y 50%, respectivamente. En cambio sus beneficios son muy bajos debido a diferentes problemáticas.
La urbanización, el crecimiento de los ingresos y el cambio de dietas (un cambio del consumo de cereales básicos por el consumo de alimentos de alto valor como pescado, carne, frutas, verduras o alimentos procesados) ha supuesto una transformación de los mercados de alimentos que se están expandiendo en África y el sur de Asia, creando un enorme potencial que ofrece oportunidades de empleo e ingresos a lo largo de las cadenas de suministro de alimentos. Pero si la concentración de cadenas de valor de alimentos recae en grandes granjas comerciales y distribuidores a gran escala esto puede excluir a los pequeños productores. Para no ser excluidos tendrán que adaptarse a los cambios continuos del mercado y a los requisitos cada vez más estrictos de calidad y seguridad alimentaria.
A medida que los sistemas alimentarios se transforman, aparecen millones de pequeñas y medianas empresas (PYME) en el transporte, el procesamiento y la distribución, que pueden promover la inclusión de las personas pobres de las zonas rurales. Estos sectores tienden a ser más intensivos en mano de obra y tienen un gran potencial para crear empleos no agrícolas.
La evidencia reciente muestra que con el acceso a una infraestructura mejorada y crédito, las PYMES pueden prosperar y convertirse en instrumentos para conectar a los agricultores con los mercados.
Para que las cadenas de suministro de alimentos sean inclusivas se necesita el apoyo de políticas públicas que promuevan una serie de medidas. La infraestructura rural inadecuada deja a las comunidades aisladas, frena el desarrollo de la cadena de valor de los alimentos, contribuye a la pérdida de alimentos después de la cosecha y está significativamente asociada con la pobreza y la nutrición deficiente. Por ello es fundamental invertir en infraestructura.
Las políticas y los marcos regulatorios deben garantizar la tenencia de la tierra, el acceso al crédito y a los insumos para que los pequeños agricultores puedan ser resilientes a la estacionalidad, la volatilidad del mercado y la variabilidad climática.
Estas políticas deben promover el desarrollo de habilidades y capacidades, sobre todo dirigidas a mujeres y jóvenes. Una fuerza laboral más cualificada en los países de bajos ingresos aumentaría la productividad agrícola y estimularía el crecimiento de los servicios y sectores industriales de alta productividad, y facilitaría acceso a empleos mejor remunerados. Apoyar la educación en todos los niveles es fundamental, aunque su impacto es a largo plazo.
Ayudar a los agricultores a cumplir con los estándares de mayor calidad alimentaria a través de la regulación y la certificación de calidad también puede mejorar el acceso al mercado y sus ingresos.
El acceso a tecnología y la protección social mejora también las condiciones de la pequeña agricultura.
También se debe invertir en la recopilación y el análisis de datos en todo el sistema alimentario; actualmente faltan datos que hacen más complicado analizar la problemática.
Las políticas pueden guiar este proceso de transformación para garantizar que las ganancias económicas de un sector agroalimentario en expansión se compartan de manera justa entre los actores de la cadena de suministro, comenzando con los pequeños productores, y ayuden a abordar las necesidades rurales en las regiones con las mayores presiones de pobreza y necesidades de empleo.