La Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y Nutrición (Global Network for the Right to Food and Nutrition), coordinada por FIAN International, ha publicado el Informe sobre el estado del derecho a la alimentación y nutrición 2019.
La FAO estimó en su informe anual El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) que 820 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por el hambre, una cifra que ha aumentado en los últimos años y que muestra la urgencia de un cambio radical, un compromiso más fuerte en favor de los derechos humanos y las políticas públicas, así como de la regulación de las empresas.
Todos los años una red formada por diferentes organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan en el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas evalúan el SOFI anual que realiza la FAO. Este año han publicado un primer informe de análisis. El objetivo de esta publicación es generar diálogo y aportar una perspectiva que generalmente no se toma en cuenta en el debate mundial sobre la inseguridad alimentaria.
Tal y como apunta este trabajo, por primera vez el SOFI ha incluido el impacto de la desigualdad en la seguridad alimentaria y los indicadores de la Escala de experiencia en inseguridad alimentaria (FIES). Los datos muestran que la inseguridad alimentaria es un hecho que afecta a muchas más personas de las que mostraban los datos anteriores y que es un problema que también se da en el norte global. A juicio de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y Nutrición, aunque el SOFI es más completo en esta edición sigue sin abordar las causas fundamentales del hambre y la desnutrición. El análisis de datos cuantitativos que usa no valora las causas estructurales del hambre y las desigualdades internacionales y no refuerza un enfoque de transformación.
Por eso, este informe piloto quiere ir más allá. Pretende proporcionar una visión de cómo se está avanzando en el derecho a la alimentación en algunas partes del mundo y cómo se está violando este derecho en otros lugares. Para elaborar este análisis se han usado metodologías participativas de recopilación de información, incluidos cuestionarios, entrevistas y consultas y abarca los avances que se han dado aproximadamente entre enero de 2018 y julio de 2019.
Según este informe, los resultados muestran que todos los países del mundo han sufrido un aumento de la inseguridad alimentaria en los últimos años. Este hecho ha ido acompañado de una tendencia global de políticas sociales regresivas, de un giro hacia gobiernos más xenófobos y autoritarios, con políticas de austeridad y tecnocráticas que reemplazan al estado de bienestar. A su vez, las instituciones de las Naciones Unidas y otros espacios están experimentando carencias financieras extremas y las potencias mundiales se están desvinculando de su compromiso con los derechos humanos.
Según este trabajo entre los desafíos para la realización del derecho a la alimentación y otros derechos humanos se deben mencionar: los graves problemas de financiación a los que se enfrentan las Naciones Unidas y los sistemas regionales de derechos humanos; la corrupción profundamente arraigada; los costosos requisitos para acceder a las políticas de prestaciones sociales; el aumento de las medidas represivas contra la libertad de expresión y de reunión; y la utilización de la ayuda alimentaria como arma.
A pesar de esta realidad existen organizaciones que defienden el cambio y se organizan para abordar cuestiones relacionadas con el derecho a la alimentación. Por ejemplo, la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DNUDC) es un logro importante para los movimientos campesinos y de base rurales. Y el proceso actual de elaboración de las ‘Directrices sobre los sistemas alimentarios y la nutrición’ es una ocasión para reconstruir la forma en que debería abordarse la nutrición y para buscar orientaciones normativas que estén integradas en cambios sistémicos en los distintos sistemas alimentarios.
Cabe señalar que el mundo ha vivido también avances en la creación de marcos jurídicos y normativos en apoyo del derecho a la alimentación y a la nutrición. El informe recoge diferentes experiencias en múltiples países. En Malí los progresos normativos, como la Ley de tierras agrícolas, están aplicándose. Algunos países europeos han empezado a cumplir sus obligaciones en materia del derecho a la alimentación. En Guatemala y otros países las mujeres promocionan prácticas agroecológicas ambientalmente sostenibles y socialmente justas.
El informe considera que aunque los derechos humanos se encuentren en una “encrucijada” no todo está perdido. La sociedad civil se está organizando para lograr el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas para todas las personas.