El derecho a la alimentación es el derecho a
tener acceso, individual o colectivamente, de manera
regular y permanente, a una alimentación cuantitativa
y cualitativamente adecuada y suficiente, así como a los
medios necesarios para producirla, de forma que se corresponda
con las tradiciones culturales de cada población y que garantice
una vida física y psíquica satisfactoria y digna.
Ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada
en 1948 se recogía este derecho, concretamente en el artículo 25,
que reconoce el derecho de “toda persona a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación”.
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación,
la FAO, en 2009 había en el mundo 1.020 millones de personas hambrientas
y aproximadamente otros 2.000 millones padecen lo que se conoce como
“hambre oculta”, es decir, carencias severas de micronutrientes que
dificultan el desarrollo de sus capacidades y funciones vitales.
El hambre es con toda probabilidad la mayor manifestación de
ignominia de la humanidad ya que existen los recursos y lo que falta,
una vez más, es la voluntad política para que todas las personas puedan
ejercer su derecho a la alimentación.
El 75% de las personas que padecen hambre y desnutrición
son trabajadores y trabajadoras del medio rural, pequeños agricultores,
campesinos sin tierra, comunidades indígenas, pastores o pescadores que
no tienen acceso a los recursos necesarios para producir los alimentos
que necesitan para llevar una vida plena y digna. Sin embargo, la disponibilidad
de alimentos por habitante se ha incrementado al menos en un 20% desde 1960.
No se trata, por tanto, de un problema de falta de alimentos. Las raíces del
hambre del siglo XXI hay que buscarlas en la exclusión y marginación que padecen
millones de personas por causas estructurales y las soluciones fundamentales
para erradicarla pasan por medidas políticas que comprometan un cambio de
estructuras sociales y económicas.
La lucha contra el hambre ha sido una constante en la cooperación
internacional, sin embargo no siempre se ha realizado abordando las causas.
A lo largo del siglo pasado y en lo que ha transcurrido del actual, la comunidad
internacional ha puesto en marcha diferentes iniciativas para luchar contra el hambre.
Además del reconocimiento del derecho a una alimentación
adecuada como derecho humano en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se aprobó
la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, en la que
los participantes en la Cumbre se comprometieron reducir a la mitad el
número de personas desnutridas antes del año 2015. Este compromiso ha
sido renovado en la Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después,
organizada por la FAO en Roma del 10 al 13 de junio de 2002 y está también
incorporado como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El Consejo de la FAO aprobó en 2004 las “Directrices Voluntarias
para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en
el contexto de la seguridad alimentaria nacional".
En diciembre de 2008 se aprobó el texto del Protocolo
Facultativo para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que permitirá,
una vez entre en vigor, la presentación de denuncias de violaciones de este
tipo de derechos y, por tanto, del derecho a la alimentación.
Tras décadas de enfocar la lucha contra el hambre desde la creencia
de que el problema del hambre se resolvería mediante la mejora en el
suministro de alimentos a las personas que padecen este problema, la
FAO incorpora a la lucha contra el hambre el abordaje de las causas que
la originan y reconoce que no se trata de un problema de falta de alimentos
sino que el principal problema radica en el acceso a los mismos y a los medios
para producirlos. Sólo aquellos países que han aumentado su inversión en el
medio rural han mejorado sus indicadores de lucha contra el hambre.
Las organizaciones de campesinos de los países en desarrollo lanzan el
concepto de soberanía alimentaria, el derecho de los individuos, pueblos
y comunidades a definir sus políticas y estrategias agrícolas y alimentarias
para la producción y distribución sostenible de alimentos.
La soberanía alimentaria requiere:
- dar prioridad a los mercados locales que
se basan en explotaciones campesinas y familiares;
- asegurar precios justos para los campesinos;
- garantizar el acceso a la tierra, al agua,
a los bosques y otros recursos productivos;
- inversión pública para fomentar la actividad
productiva familiar y comunitaria.
La campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, apoyada por
Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Cáritas Española,
Ongawa y Prosalus, propone:
