El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, individual o colectivamente, de manera
regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, así
como a los medios necesarios para producirla, de forma que se corresponda con las tradiciones culturales
de cada población y que garantice una vida física y psíquica satisfactoria y digna.
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en 2009 había en el mundo
1.020 millones de personas hambrientas y aproximadamente otros 2.000 millones padecen lo que se
conoce como ”hambre oculta”, es decir, carencias severas de micronutrientes que dificultan el
desarrollo de sus capacidades y funciones vitales.
El 75% de las personas que padecen hambre y desnutrición son trabajadores y trabajadoras del
medio rural, pequeños agricultores, campesinos sin tierra, comunidades indígenas, pastores o pescadores
que no tienen acceso a los recursos necesarios para producir los alimentos que necesitan para llevar
una vida plena y digna. Sin embargo, la disponibilidad de alimentos por habitante se ha incrementado
al menos en un 20% desde 1960. No se trata, por tanto, de un problema de falta de alimentos. Las raíces
del hambre del siglo XXI hay que buscarlas en la exclusión y marginación que padecen millones de
personas por causas estructurales y las soluciones fundamentales para erradicarla pasan por medidas
políticas que comprometan un cambio de estructuras sociales y económicas.
Además del reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada como derecho humano en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se aprobó la Declaración de Roma sobre
la Seguridad Alimentaria Mundial, en la que los participantes en la Cumbre se comprometieron reducir
a la mitad el número de personas desnutridas antes del año 2015. Este compromiso ha sido renovado en
la Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después, organizada por la FAO en Roma del 10 al 13
de junio de 2002 y está también incorporado como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El
Consejo de la FAO aprobó en 2004 las ”Directrices Voluntarias para la realización progresiva del derecho
a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”.
En diciembre de 2008 se aprobó el texto del Protocolo Facultativo para los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales que permitirá, una vez entre en vigor, la presentación de denuncias de violaciones
de este tipo de derechos y, por tanto, del derecho a la alimentación.
La campaña ”Derecho a la alimentación. Urgente”, apoyada por Ayuda en Acción,
Cáritas Española, Ingeniería Sin Fronteras y Prosalus, propone:
