El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso,
individual o colectivamente, de manera regular y permanente, a
una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y
suficiente, así como a los medios necesarios para producirla,
de forma que se corresponda con las tradiciones culturales de
cada población y que garantice una vida física y psíquica
satisfactoria y digna.
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación,
la FAO, en 2009 había en el mundo 1.020 millones de personas
hambrientas y aproximadamente otros 2.000 millones padecen
lo que se conoce como “hambre oculta”, es decir, carencias
severas de micronutrientes que dificultan el desarrollo de
sus capacidades y funciones vitales.
El 75% de las personas que padecen hambre y desnutrición son
trabajadores y trabajadoras del medio rural, pequeños agricultores,
campesinos sin tierra, comunidades indígenas, pastores o pescadores
que no tienen acceso a los recursos necesarios para producir los
alimentos que necesitan para llevar una vida plena y digna.
Sin embargo, la disponibilidad de alimentos por habitante se
ha incrementado al menos en un 20% desde 1960. No se trata,
por tanto, de un problema de falta de alimentos. Las raíces
del hambre del siglo XXI hay que buscarlas en la exclusión y
marginación que padecen millones de personas por causas estructurales
y las soluciones fundamentales para erradicarla pasan por medidas
políticas que comprometan un cambio de estructuras sociales
y económicas.
Además del reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada
como derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se aprobó la Declaración
de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, en la que los participantes
en la Cumbre se comprometieron reducir a la mitad el número de personas
desnutridas antes del año 2015. Este compromiso ha sido renovado en la
Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después, organizada por
la FAO en Roma del 10 al 13 de junio de 2002 y está también incorporado
como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Consejo de la
FAO aprobó en 2004 las “Directrices Voluntarias para la realización
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional".
En diciembre de 2008 se aprobó el texto del Protocolo Facultativo
para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que permitirá,
una vez entre en vigor, la presentación de denuncias de violaciones
de este tipo de derechos y, por tanto, del derecho a la alimentación.
La campaña
“Derecho a la alimentación. Urgente”, apoyada por Acción contra
el Hambre, Ayuda en Acción, Cáritas Española, Ongawa y Prosalus,
propone:
